Corte Suprema da luz verde a Trump para verificar ciudadanía de votantes

Qué pasó

La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión importante: permitió al gobierno de Donald Trump reactivar temporalmente un sistema federal. Este sistema sirve para comprobar la ciudadanía de las personas que están registradas para votar.

Esto podrá ser usado por los estados antes de las próximas elecciones legislativas de noviembre, dándoles una nueva herramienta para revisar el padrón electoral.

Dónde y cuándo

La decisión se dio a conocer este viernes 25 de septiembre de 2026. Ocurrió en Estados Unidos, con la Corte Suprema de Justicia como protagonista. El sistema en cuestión es el llamado SAVE, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los principales actores son el gobierno de Donald Trump y los estados que buscan verificar a sus votantes.

Por qué es importante

Esta medida es crucial porque permite a los estados tener más herramientas para asegurar la elegibilidad de los votantes. Busca evitar que personas no ciudadanas participen en las elecciones.

La decisión abre la puerta a una verificación más amplia de los registros electorales, aunque el litigio sobre su legalidad aún continúa.

Qué dicen las partes

El gobierno de Trump sostiene que la herramienta SAVE, modificada para búsquedas más amplias, ayudará a los estados a identificar a quienes no cumplen los requisitos para votar.

Por otro lado, organizaciones y funcionarios que cuestionan el programa advierten sobre posibles errores. Señalan el riesgo de que ciudadanos estadounidenses puedan ser identificados incorrectamente y enfrentar problemas para votar.

Las magistradas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon, advirtiendo sobre posibles efectos negativos para ciudadanos elegibles.

Qué viene ahora

La Corte Suprema emitió una orden de emergencia, permitiendo que los funcionarios estatales utilicen el sistema SAVE mientras se resuelve el caso judicial. Sin embargo, existen límites por normativas federales que restringen cambios en los registros electorales los 90 días previos a una elección.

Esto significa que, aunque se podrá verificar registros, la eliminación de votantes del padrón sigue siendo un punto de debate y disputa legal.