Costa Rica retira tomacorrientes de las cárceles tras prohibir televisores
jueves, 13 de agosto de 2026
En pocas palabras
Costa Rica ordena retirar los tomacorrientes de las celdas de las cárceles, siguiendo la reciente prohibición de televisores, buscando reforzar la seguridad.
Mas detalles
Costa Rica ha dado un paso más en su política penitenciaria. Tras la reciente prohibición de televisores en las celdas, el gobierno ahora ha ordenado el retiro de los tomacorrientes de los dormitorios de los privados de libertad.
Esta nueva medida busca eliminar cualquier posibilidad de que aparatos eléctricos no autorizados vuelvan a instalarse en los centros penitenciarios, reforzando así la seguridad.
Qué pasó
El gobierno de Costa Rica ordenó la retirada de los tomacorrientes de las celdas de las cárceles. Esta decisión sigue a un operativo donde se decomisaron 352 televisores y 238 microondas de los centros penitenciarios.
La presidenta Laura Fernández, al ver los resultados del operativo, cuestionó la utilidad de mantener las conexiones eléctricas si no había aparatos autorizados.
Dónde y cuándo
La orden se dio a conocer en una conferencia de prensa en Costa Rica. Ocurrió después de un operativo nacional realizado por el Ministerio de Justicia y Paz.
Los centros penitenciarios del país son los afectados. La medida se aplica a los dormitorios de los privados de libertad.
Por qué es importante
Esta acción es crucial para el gobierno, ya que busca impedir la reintroducción de electrodomésticos en las celdas y limitar beneficios considerados incompatibles con el régimen penitenciario.
El objetivo principal es reforzar la seguridad dentro de las prisiones y evitar riesgos asociados a la manipulación de instalaciones o al almacenamiento de objetos no permitidos.
Qué dicen las partes
La presidenta Laura Fernández argumentó que mantener los tomacorrientes carecía de sentido si no había aparatos que conectar, planteando la pregunta que derivó en la nueva orden.
El ministro de Justicia se comprometió a trasladar la disposición de inmediato a la Dirección General de Adaptación Social y a la Policía Penitenciaria para su ejecución.
Qué viene ahora
Las autoridades aún no han detallado cuántas cárceles serán intervenidas, el costo de la operación ni el cronograma de ejecución.
Sin embargo, la medida amplía la política de mano dura en materia de seguridad carcelaria, similar a modelos adoptados en otros países de la región.
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