Cuba: New Decree Regulates State-Private Business Partnerships

Qué pasó

El gobierno cubano ha publicado el Decreto-Ley 114/2025, una nueva normativa que establece las reglas para las asociaciones entre empresas estatales y entidades privadas. Esta ley define cómo pueden crearse sociedades mixtas, cómo las empresas estatales pueden comprar participaciones en negocios privados, y cómo pueden darse fusiones o contratos de asociación económica.

La norma busca, según las autoridades, dinamizar la economía y aprovechar las capacidades existentes. Sin embargo, se implementa en un contexto de severas restricciones para el sector privado y mantiene al Estado en una posición de control.

Dónde y cuándo

La Gaceta Oficial de Cuba publicó este decreto el 4 de marzo de 2026. La ley, firmada por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, entrará en vigor 30 días después de su publicación. La regulación se aplica a todo el territorio cubano, afectando a todas las formas empresariales.

Los participantes de estas asociaciones pueden ser empresas estatales, sociedades anónimas 100% cubanas, unidades presupuestadas especiales, y del sector no estatal, las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) y cooperativas. Las personas naturales que realicen actividades mercantiles quedan excluidas.

Por qué es importante

Este decreto es importante porque formaliza y regula la interacción entre el sector estatal y el privado, algo que antes se hacía de forma menos estructurada. Busca atraer inversión y mejorar la eficiencia económica en un país que atraviesa dificultades financieras.

Para el sector privado, esto significa un marco legal más claro, pero también un mayor escrutinio y control estatal. La norma podría abrir nuevas oportunidades para la colaboración, pero también genera preocupación sobre la posible pérdida de autonomía de las empresas privadas frente a estructuras burocráticas estatales.

Qué dicen las partes

El gobierno, a través del Ministerio de Economía y Planificación, lo presenta como una actualización necesaria para mejorar los encadenamientos productivos. El discurso oficial enfatiza la complementariedad y la búsqueda de dinamismo.

Analistas independientes y emprendedores muestran cautela. Advierten que el decreto, si bien permite nuevas formas de asociación, refuerza el control político y administrativo del Estado. Temen que los mecanismos de aprobación centralizada y la posibilidad de absorción por parte de entidades estatales limiten la verdadera libertad empresarial y la iniciativa privada.

Qué viene ahora

El siguiente paso es la entrada en vigor de la ley, 30 días después de su publicación. La Resolución 8/2026 del MEP detallará los procedimientos para la aprobación de cada operación de asociación. Habrá que observar si estas nuevas formas de colaboración logran realmente dinamizar la economía o si se convierten en otra herramienta para mantener el control estatal sobre el sector privado.

Los emprendedores y empresarios estarán atentos a cómo se implementan estas reglas en la práctica. El éxito dependerá de la agilidad de los procesos de aprobación y de si se permite una autonomía real a las empresas que decidan asociarse bajo este nuevo esquema.