Cuba Obliga a Empresas Privadas a Controlar Clientes Contra Terrorismo
jueves, 30 de abril de 2026
En pocas palabras
Cuba exige a empresas privadas y trabajadores autónomos verificar si sus clientes están en listas de terrorismo, reportando cualquier coincidencia a las autoridades.
Mas detalles
Qué pasó
El Gobierno cubano ha emitido una nueva resolución, la 86/2026, que impone deberes estrictos al sector privado. Ahora, trabajadores por cuenta propia, mipymes y cooperativas deben vigilar a quién sirven.
La norma exige que estos actores económicos actúen como centinelas financieros. Deben asegurarse de que sus clientes no figuren en listados relacionados con actividades terroristas.
Dónde y cuándo
Esta disposición entró en vigor en Cuba a partir de su publicación en la Gaceta Oficial el 30 de abril de 2026. Afecta a la economía no estatal en toda la isla.
Los involucrados son los prestadores de servicios de contabilidad y otros servicios financieros dentro del sector privado. Deben consultar listas nacionales e internacionales.
Por qué es importante
Esta medida amplía el control del Estado sobre la actividad privada, cada vez más relevante en la economía cubana. Busca cumplir estándares internacionales en la prevención de delitos financieros.
Para el sector privado, significa una nueva capa de responsabilidad y el riesgo de sanciones si no cumplen. Cierra el paso a posibles usos ilícitos de servicios financieros.
Qué dicen las partes
El Ministerio de Finanzas y Precios, a través de su titular Vladimir Regueiro Ale, impulsa la norma en nombre del Gobierno. El objetivo es reforzar la prevención de delitos.
No hay declaraciones directas de los actores privados afectados, pero la norma implica que deben colaborar bajo confidencialidad, reportando sin avisar al cliente sospechoso.
Qué viene ahora
Los negocios privados deberán implementar estos controles y mantener registros de clientes por cinco años. Deberán estar atentos a las actualizaciones de las listas de terrorismo.
El incumplimiento podría acarrear consecuencias legales y administrativas, con la posible intervención de la Fiscalía o el Ministerio del Interior. Se espera mayor fiscalización.
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