Cubano Acusado de Reclutar Asesinos para Red Rusa en EE.UU.

miércoles, 16 de septiembre de 2026

En pocas palabras

Un ciudadano cubano enfrenta cargos en EE.UU. por supuestamente reclutar personas para vigilar y asesinar disidentes rusos, actuando para servicios de inteligencia de Rusia.

Mas detalles

Qué pasó

Un ciudadano cubano llamado Yaidel Delgado Suárez, apodado "Viking", está en el centro de una acusación en Estados Unidos. Las autoridades lo señalan como un reclutador clave para una red vinculada a la inteligencia rusa.

Esta red, según el Departamento de Justicia, se dedicaba a financiar actividades terroristas y a contratar asesinatos en varios países, incluyendo Estados Unidos.

Dónde y cuándo

Los hechos se desarrollan principalmente en territorio estadounidense, aunque la red opera internacionalmente. Se menciona un incidente específico relacionado con un disidente ruso presuntamente en Estados Unidos.

Delgado Suárez habría contactado a una persona para que realizara labores de vigilancia sobre este disidente, ofreciéndole entre 1.000 y 1.500 dólares por la tarea.

Por qué es importante

Este caso pone de relieve las operaciones encubiertas que podrían estar ocurriendo en suelo estadounidense, involucrando vigilancia y planes de asesinato dirigidos a figuras de oposición en el extranjero.

Si se confirma la acusación, demostraría la extensión y audacia de las operaciones de inteligencia extranjera dentro de Estados Unidos, representando una seria amenaza a la seguridad.

Qué dicen las partes

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado los cargos contra cinco personas. Entre ellos se encuentran dos ciudadanos cubanos, Delgado Suárez y Oemis Romagoza Durruthy, este último residente en Rusia.

Las autoridades sostienen que Delgado Suárez ofreció dinero por la vigilancia y que él y otro acusado, Angel Eduardo Castro, habrían ofrecido 40.000 dólares para "eliminar" al objetivo. Romagoza Durruthy, por su parte, es señalado de coordinar ataques y logística.

Qué viene ahora

Los cinco acusados enfrentan cargos por conspiración para financiar terrorismo y, en algunos casos, por conspiración para cometer asesinato por encargo. Estos delitos conllevan penas de hasta 20 y 10 años de prisión, respectivamente.

Actualmente, los acusados están en libertad y la acusación se considera una imputación. El proceso judicial determinará su culpabilidad o inocencia.

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