El Departamento de Justicia Considera Filmar Redadas Migratorias como 'Terrorismo Doméstico'

Qué pasó

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha emitido una directriz interna que sugiere a los fiscales considerar cargos de "terrorismo doméstico" contra civiles que filmen o publiquen información sobre operativos de inmigración.

Este memo, filtrado por el periodista Ken Klippenstein, interpreta estas acciones como un intento de "silenciar el discurso opuesto" y alterar el funcionamiento democrático.

Dónde y cuándo

Los hechos se desarrollan en Estados Unidos, con un foco particular en la región de Chicago.

El 16 de diciembre, el Comandante Gregory Bovino de la Patrulla Fronteriza regresó a Chicago con agentes federales y un equipo de producción.

Esto ocurrió justo un mes después de su partida, reviviendo tensiones por tácticas confrontacionales.

La directriz del Departamento de Justicia se difundió el 4 de diciembre, mientras que en julio, la Secretaria Kristi Noem del DHS ya había adelantado esta postura.

Por qué es importante

Esta medida es significativa porque redefine de forma amplia el concepto de "terrorismo doméstico", aplicándolo a acciones ciudadanas como grabar a funcionarios en público.

Podría criminalizar la vigilancia ciudadana y la documentación de actividades de las autoridades, prácticas históricamente protegidas por la Primera Enmienda.

Representa un cambio en la política nacional que busca intimidar a quienes observan las operaciones del DHS, levantando serias preocupaciones sobre la libertad de prensa y los derechos civiles.

Qué dicen las partes

Desde la Alcaldía de Chicago, un portavoz del alcalde Brandon Johnson condenó las operaciones, acusando a los agentes de realizar arrestos indiscriminados y de convertir las acciones en un "espectáculo" con fines mediáticos.

Subrayaron que estas tácticas son "desestabilizadoras y poco éticas".

Por otro lado, la administración Trump, a través del DHS y figuras como la Secretaria Kristi Noem, ha justificado estas acciones, llegando a definir como violencia cualquier cosa que "amenace la seguridad de los agentes", incluyendo "grabarlos donde estén en operaciones".

David Bier, director de estudios de inmigración en el Cato Institute, argumenta que "al expandir la definición de terrorismo doméstico para incluir el 'doxing', la administración ha establecido una política nacional diseñada para amenazar e intimidar a quienes buscan observar las actividades del DHS."

Qué viene ahora

Se espera que esta directriz enfrente un fuerte debate legal y público, especialmente en relación con la Primera Enmienda.

La ambigüedad del término "doxing" y su aplicación contra quienes documentan operativos podría generar desafíos en los tribunales.

La sociedad civil y los defensores de los derechos humanos probablemente monitorearán de cerca cualquier acusación bajo esta nueva interpretación.

El riesgo de que esta política siente un precedente peligroso para la libertad de expresión es alto, impactando no solo a activistas sino potencialmente a periodistas y al público en general.