EE.UU. Considera Exigir Pruebas Migratorias a Padres para Pasaportes Infantiles

jueves, 3 de septiembre de 2026

En pocas palabras

Estados Unidos estudia pedir a los padres prueba de su estatus migratorio para tramitar pasaportes de sus hijos, como parte de políticas restrictivas.

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Qué pasó

El Departamento de Estado de Estados Unidos está considerando implementar nuevas reglas. Estas podrían requerir que los padres demuestren su ciudadanía o estatus migratorio. Esto sería necesario al solicitar un pasaporte para sus hijos.

Esta medida forma parte de una política más amplia de la Administración Trump. Busca restringir lo que se conoce como "ciudadanía por derecho de nacimiento", especialmente en casos de "turismo de maternidad".

Dónde y cuándo

Esta propuesta surge de un borrador de directrices del Departamento de Estado. La intención es aplicar una orden ejecutiva firmada por el entonces Presidente Donald Trump el 6 de agosto de 2026. La medida afectaría las solicitudes de pasaportes para menores nacidos en Estados Unidos, donde los padres podrían no ser ciudadanos.

Por qué es importante

Si se implementa, esta medida podría dificultar el trámite de pasaportes para hijos de inmigrantes. Cambia el requisito actual, que solo pide acreditar la relación y presentar identificación. La política busca, según la administración, proteger el valor de la ciudadanía estadounidense.

Representa un endurecimiento en la política migratoria. Busca limitar la ciudadanía automática, que ha sido una prioridad para la administración Trump.

Qué dicen las partes

El Departamento de Estado propone solicitar información y documentación sobre la ciudadanía o situación migratoria de los padres. Esto podría incluir pasaportes válidos, certificados de nacimiento o tarjetas de residencia.

Organizaciones y abogados han presentado demandas. Argumentan que las impugnaciones son prematuras y que las agencias federales aún no publican instrucciones definitivas. La Casa Blanca defiende la medida como protección de la ciudadanía.

Qué viene ahora

La implementación de esta orden aún enfrenta desafíos legales. Los tribunales podrían detener la medida. Las organizaciones afectadas continúan buscando impedir que la política entre en vigor, lo que genera incertidumbre.

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