EE.UU. exige pago anual de $100 a solicitantes de asilo para mantener sus casos activos
jueves, 30 de abril de 2026
En pocas palabras
Estados Unidos ahora requiere un pago anual de $100 a migrantes con asilo pendiente para mantener sus casos activos, con riesgo de cierre por incumplimiento.
Mas detalles
Qué pasó
Miles de inmigrantes en Estados Unidos enfrentan un nuevo requisito para sus solicitudes de asilo. Ahora deben pagar una tarifa anual de 100 dólares para que sus casos sigan en proceso.
Esta medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), añade una condición más a un sistema migratorio ya complejo.
Dónde y cuándo
Este nuevo pago se aplica a solicitantes de asilo con casos pendientes en Estados Unidos, desde abril de 2026. El proceso se desarrolla a nivel nacional en las oficinas de USCIS.
Los afectados son inmigrantes que esperan una decisión, quienes ahora deben estar pendientes de esta nueva obligación económica y legal para no perder su trámite.
Por qué es importante
El no pagar esta tarifa anual, que se debe realizar mientras el caso está sin resolver, puede llevar al cierre o rechazo de la solicitud de asilo. Esto significaría perder beneficios como permisos de trabajo y podría derivar en un proceso en un tribunal de inmigración.
Llegar a corte migratoria complica mucho más la situación, reduciendo las opciones del solicitante y aumentando el riesgo de deportación.
Qué dicen las partes
Expertos en inmigración advierten sobre las consecuencias legales del incumplimiento. Recomiendan a los migrantes mantener su dirección actualizada ante USCIS y revisar constantemente sus notificaciones.
Las autoridades de inmigración son las que imponen esta nueva tarifa, buscando agilizar o controlar el flujo de casos pendientes a través de una condición económica.
Qué viene ahora
Los solicitantes deben asegurarse de realizar el pago anual en línea a través del portal oficial de USCIS, utilizando su número de extranjero (A-Number). Es vital estar atentos a los plazos y a las posibles demoras en la resolución de sus casos.
Además, se están implementando revisiones de antecedentes más exhaustivas, lo que podría ralentizar aún más los procesos. La combinación de nuevos costos y controles más estrictos incrementa la presión y la incertidumbre para los solicitantes.
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