Guantánamo aprieta a los privados y la escasez muerde más fuerte

Qué pasó

En la provincia de Guantánamo, una ráfaga de inspecciones y sanciones ha caído con fuerza sobre los trabajadores por cuenta propia. Las autoridades provinciales han decidido apretar la tuerca, alegando que combaten los precios desmedidos y la especulación.

Sin embargo, la realidad que se dibuja en las calles, y que sienten las familias, es otra. Esta presión constante, lejos de aliviar, está complicando aún más el ya difícil abastecimiento de alimentos esenciales para la gente común de la provincia.

Dónde y cuándo

Fue durante los primeros días de febrero de 2026, bajo el ardiente sol guantanamero, cuando el pulso de la supervisión se aceleró de manera notable. En cada esquina, en cada puesto o negocio, los equipos de inspectores hicieron acto de presencia, a menudo de forma inesperada.

Los protagonistas de esta tensa escena son, por un lado, las autoridades y sus equipos de control; por el otro, los vendedores, los pequeños productores y los transportistas privados que, con mucho esfuerzo, intentan mantener a flote el suministro diario. Se realizaron 2,640 inspecciones y se impusieron 1,538 multas, como si fueran golpes de martillo que resonaban en la vida de estos emprendedores.

Por qué es importante

Esto importa, y mucho, para cada cubano de a pie que reside en Guantánamo. En un territorio donde el Estado lucha por garantizar el alimento diario en las mesas, son precisamente los trabajadores privados quienes, con gran sacrificio, mantienen vivo el pulso de la economía local y el abastecimiento.

Cada multa aplicada, cada decomiso de mercancía, es un golpe directo que amenaza con cerrar esa pequeña, pero vital, ventana de productos. Lo que realmente se juega aquí no es solo un tema de números o regulaciones, sino la posibilidad de cada familia de encontrar algo básico para comer en medio de una escasez que, lejos de ceder, parece aferrarse más fuerte.

Qué dicen las partes

Desde los despachos oficiales, el Gobierno provincial ha declarado que estas acciones no son caprichos, sino una cruzada necesaria. Afirman con firmeza que es la única forma de combatir los precios abusivos y frenar la especulación, apoyándose en decretos y leyes establecidas para tal fin.

Entre los productos más señalados y sancionados se encuentran aquellos de la canasta básica regulada, así como otros alimentos concertados por los Consejos de la Administración Municipal, vitales para el día a día. Los inspectores también reportaron "pizarras desactualizadas" y la venta de productos por encima de los precios aprobados, como tomates o lechugas a costos más elevados.

Aunque las autoridades insisten en que estas medidas cuentan con el respaldo popular, la voz silenciosa de los trabajadores afectados apunta a una dificultad creciente para seguir operando, sintiendo que son ellos quienes, una vez más, pagan una factura que no les corresponde.

Qué viene ahora

El horizonte que se vislumbra con la continuidad de estas medidas no parece ser prometedor para nadie. Si la presión sobre los cuentapropistas continúa con la misma intensidad, lo más probable es que la ya escasa oferta de productos básicos se reduzca todavía más.

Esto podría empujar a la provincia a una crisis alimentaria aún más profunda, donde la mesa de muchas familias se vea más vacía. La estrategia actual, en lugar de resolver los problemas de fondo, corre el riesgo real de ahogar la poca iniciativa privada que mantiene a muchos hogares con esperanza y algo de sustento. La incertidumbre flota en el aire guantanamero: ¿cómo conseguirán las familias de esta provincia los alimentos que tanto necesitan en las próximas semanas y meses?