Piden hasta 10 años de cárcel para opositores cubanos en Granma por críticas en redes

Qué pasó

La Fiscalía Provincial de Granma, en Cuba, está pidiendo penas de prisión severas, de cinco a diez años, para cuatro ciudadanos cubanos. Se les acusa de "propaganda contra el orden constitucional" y "desórdenes públicos".

Estas peticiones se basan en el contenido de publicaciones críticas hacia el gobierno, compartidas en redes sociales y grupos de WhatsApp. También se mencionan recargas de saldo telefónico como presuntas pruebas de financiación externa.

Dónde y cuándo

Los hechos se desarrollan en la provincia de Granma, Cuba. Las investigaciones y las peticiones de la fiscalía corresponden al Expediente de Fase Preparatoria 45/2025, con un documento fechado en julio de 2026. La detención de tres de los implicados ocurrió en noviembre de 2024, tras protestas y actividades relacionadas con la expresión de descontento.

Entre los acusados se encuentran Ariel Eugenio Arzuaga Peña y su esposa Yaquelín García Jaén, junto a Daniel Barrios Figueredo y Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell. Las imágenes y mensajes que forman parte de la acusación datan principalmente de octubre y noviembre de 2024.

Por qué es importante

Estas solicitudes de pena reabren el debate sobre la libertad de expresión política en Cuba. Las acusaciones se centran en la difusión de ideas y críticas, lo que para muchos representa el ejercicio de derechos fundamentales.

Para los opositores y sus familias, estos casos marcan una escalada en la represión de la disidencia. La importancia radica en cómo el Estado cubano procesa penalmente las críticas públicas, afectando la posibilidad de un debate abierto.

Qué dicen las partes

La Fiscalía Provincial de Granma considera que las publicaciones y comunicaciones de los acusados constituyen "propaganda contra el orden constitucional" y "desórdenes públicos". Sostiene que hay vínculos con Cuba Primero, una organización opositora.

La defensa y la familia de los acusados, por su parte, argumentan que las expresiones son críticas legítimas al gobierno y llamados a la unidad, sin incitación a la violencia. Señalan que uno de los implicados fue detenido tras acudir a una citación policial y que no hay evidencia de actos violentos o daños materiales.

Qué viene ahora

La Fiscalía solicita que el caso sea elevado a juicio oral. Este se llevaría a cabo ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba. Aún no se ha fijado una fecha para la vista.

Mientras tanto, los cuatro acusados mantienen la presunción de inocencia. Las penas solicitadas por la fiscalía no constituyen condenas judiciales firmes y deberán ser evaluadas en un proceso legal.