Trump busca desestimar demanda de cubanos con I-220A

Qué pasó

La administración del presidente Donald Trump ha presentado una nueva moción para desestimar una demanda colectiva importante. Esta demanda, conocida como Bello-Rubio, fue iniciada por 992 cubanos que fueron liberados en Estados Unidos utilizando el formulario I-220A.

El gobierno argumenta que el tribunal no tiene la jurisdicción necesaria para manejar este caso y que los argumentos legales presentados por los demandantes no son suficientes.

Dónde y cuándo

La acción legal se desarrolla en Estados Unidos, específicamente ante la jueza federal Jacqueline Becerra en el Distrito Sur de Florida. La última moción del gobierno se presentó el viernes 9 de octubre de 2026. Los abogados de los inmigrantes tienen hasta el 23 de octubre de 2026 para presentar su respuesta.

En este litigio aparecen como demandantes 992 cubanos liberados bajo el formulario I-220A, y como demandado, la Administración Trump.

Por qué es importante

Esta demanda es crucial porque busca aclarar la situación migratoria de los cubanos liberados con el formulario I-220A. Para estos inmigrantes, la clasificación que se les dé puede tener un impacto significativo en su acceso a la residencia permanente y otros beneficios bajo la Ley de Ajuste Cubano.

La resolución de este caso podría establecer un precedente sobre cómo se interpretan y aplican las leyes migratorias para este grupo específico de personas, afectando sus planes a futuro en Estados Unidos.

Qué dicen las partes

El Gobierno de Donald Trump insiste en que el tribunal carece de la autoridad para conocer el caso y considera que la demanda no tiene fundamentos legales sólidos. Buscan que el caso sea desestimado.

Por otro lado, los abogados de los 992 cubanos demandantes buscan que se esclarezca su estatus y las implicaciones legales del uso del formulario I-220A, especialmente en relación con la Ley de Ajuste Cubano.

Qué viene ahora

La pelota está ahora en el tejado de los abogados de los demandantes, quienes deben responder a la nueva moción del gobierno antes del 23 de octubre. Después de esa fecha, la jueza federal Jacqueline Becerra evaluará los argumentos de ambas partes.

La decisión de la jueza será clave para determinar si el caso continúa, si se aceptan modificaciones adicionales o si, como busca el gobierno, es desestimado. La atención está puesta en los próximos pasos legales.