Cuba usa vigilancia digital para silenciar voces, revela informe

Qué pasó

En la isla de Cuba, un nuevo informe de la organización no gubernamental Prisoners Defenders ha puesto la lupa sobre una realidad incómoda. Se trata del uso intensificado de la vigilancia digital por parte del Estado, una herramienta central para apagar las voces de disenso político y social. Este estudio traza un mapa de control tecnológico, leyes estrictas y prácticas intrusivas que, según la ONG, ha tejido una red de miedo y autocensura entre los cubanos.

El documento describe un entramado que busca desarticular cualquier intento de organización cívica, social o política independiente. La meta es clara: limitar severamente el ejercicio de derechos tan básicos como la libertad de expresión y la privacidad personal.

Dónde y cuándo

La presentación de este informe se hizo de forma telemática, el miércoles 21 de enero de 2026. Sus hallazgos se construyen sobre más de doscientas voces, doscientos testimonios de víctimas que viven tanto dentro como fuera de la isla caribeña. El miedo se siente en las conversaciones privadas, en las aplicaciones de mensajería, donde muchos ciudadanos evitan publicar sus ideas por temor a las consecuencias.

Los afectados son principalmente activistas, familiares de presos políticos y periodistas independientes. La mayoría de ellos aún residen en Cuba, viviendo bajo la constante mirada digital de las autoridades.

Por qué es importante

La importancia de este informe reside en el profundo impacto psicológico que la vigilancia ejerce sobre la población. El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, lo ha dicho claramente: existe un «terror a expresarse», incluso en la intimidad digital. Esto no solo coarta la libertad individual, sino que asfixia la posibilidad de una sociedad civil vibrante.

La vigilancia digital no solo es una intromisión a la privacidad, sino que se convierte en un freno para cualquier intento de cambio o crítica constructiva, cerrando puertas a la participación ciudadana y abriendo un camino de silencio y conformismo forzado.

Qué dicen las partes

El informe de Prisoners Defenders destaca que casi la mitad de los encuestados ha sufrido la intervención directa de sus comunicaciones digitales. Las autoridades, sin orden judicial, han citado fragmentos de mensajes privados durante interrogatorios, lo que sugiere un control sistemático y no un hecho aislado.

Caren Herrera, directora jurídica de la ONG, ha denunciado que estas prácticas eliminan toda expectativa de privacidad. También advierte sobre el uso de normas como el Decreto-Ley 370 y disposiciones del nuevo Código Penal, que permiten multar y confiscar equipos por difundir información que consideran contraria al “interés social”, un concepto ambiguo y susceptible de arbitrariedad.

Qué viene ahora

El informe concluye que la vigilancia digital en Cuba no es un hecho aislado, sino una política de Estado diseñada para acallar las voces críticas y reafirmar el control político sobre la sociedad. Lo que se vislumbra en el horizonte es una continuidad de estas prácticas, a menos que la presión internacional logre generar un cambio.

Los próximos pasos probablemente incluirán más denuncias desde organizaciones de derechos humanos. También se espera una mayor visibilización de estos casos para que la comunidad global esté atenta a la situación, buscando siempre caminos para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos.